Andrés Manuel López Obrador condenó la ola de ejecuciones que se ha desatado en contra de dirigentes sociales en la entidad.
Por
ello exhortó al gobernador Ángel Aguirre Rivero –postulado por la
izquierda– a proteger la integridad física de activistas y el resto de
la población guerrerense.
“Ya no estamos en la época de (Rubén)
Figueroa. No queremos estar en esa época se supone que hemos avanzado y
que mínimo se deben garantizar los derechos humanos y el derecho a la
vida”, señaló el excandidato presidencial.
López Obrador visitó a
pobladores de este histórico lugar que lleva más de 50 días inundado y
donde autoridades de los tres niveles de gobierno no han podido revertir
la problemática que ha generado un conflicto social que se agudiza ante
la omisión e indolencia gubernamental.
Durante un mitin realizado
esta mañana en la plaza del barrio de El Santuario, el dirigente de
Morena no sólo criticó la impunidad y violencia que se vive en la
entidad, también condenó la inoperancia gubernamental frente a la
tragedia en este lugar.
Por ello, los gobiernos municipal, estatal y federal intentaron boicotear el encuentro de Obrador con los damnificados.
Las
autoridades convocaron a los afectados, que permanecen refugiados en
campamentos provisionales, a que se concentraran en la sede del
ayuntamiento bajo la promesa de que les entregarían la tarjeta
precargada con 10 mil pesos para la adquisición de enseres domésticos.
No
obstante, hasta las 15:00 horas no les habían entregado nada y las
autoridades volvieron a mentirle a la población afectada por la
inundación.
El caso de Tixtla sintetiza la parálisis de las
autoridades en este lugar donde impera el caos y el desorden desde el 15
de septiembre, cuando las severas lluvias provocaron una tragedia
ante la falta de prevención y la autorización de permisos de
construcción en el vaso de la emblemática laguna que se desbordó
inundando la tercera parte del poblado.
La desesperación llevó al
alcalde perredista Gustavo Alcaraz Abarca a realizar una ofrenda al
diablo para que el nivel del agua disminuyera, acción que fue criticada
por la población.
El montaje mediático del gobernador Ángel
Aguirre, quien una semana después del desastre acudió al lugar de la
inundación acompañado por una cámara de Televisa, que lo entrevistó con
el agua hasta el pecho, así como la actitud de reporteros que han
utilizado las embarcaciones destinadas a labores de ayuda para dar
paseos por la laguna, han incrementado el coraje ciudadano.
La
población estalló cuando el gobierno federal pretendió realizar un
montaje mediático para exaltar labores del Ejército en la contingencia y
decidió retener a militares y camarógrafos de una casa productora
particular que repartieron despensas y 200 pesos a los ciudadanos para
que posaran en la zona inundada y fingieran que estaban siendo
rescatados.
En este contexto, López Obrador visitó Tuxtla, donde
miembros del comité municipal de Morena y damnificados del barrio de El
Santuario le presentaron un proyecto hidráulico para tratar de evitar
las inundaciones.
La obra tendría un costo de 585 millones. Se
plantea también la construcción de un canal de desfogue controlado y el
rescate del vaso natural de la laguna, calificada por el ilustre Ignacio
Manuel Altamirano como “El espejo de los dioses”.
Al respecto,
Obrador anunció que el diputado federal Ricardo Monreal visitará en
breve este poblado para que los damnificados le presenten la propuesta y
pueda ser incluida en el proyecto de presupuesto federal que
actualmente se discute en el Congreso de la Unión.
Familiares de
Gonzalo Molina, el promotor de la guardia comunitaria que opera en
Tixtla y que recientemente fue detenido y encarcelado en un penal de
máxima seguridad en Oaxaca acusado de terrorismo, abordaron a López
Obrador para solicitarle su intervención en este conflicto de tipo
político entre las autoridades gubernamentales y los grupos de
autodefensa que han proliferado en la entidad ante la falta de
seguridad.
En respuesta, el dirigente de Morena llamó al
gobernador Aguirre a frenar la ola de asesinatos y represión en contra
de dirigentes sociales.
Fuente: Proceso.
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