La desaparición de 43
alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, ‘‘no es un caso superado y
no puede hablarse de que se cierre el expediente. Sigue abierto: falta buscar
la verdad, ver qué dicen los jueces, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), los resultados periciales solicitados al extranjero y conocer
el destino de los estudiantes. No debe estar cerrado, no puede hablarse de una
conclusión’’, acotó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
El ombudsman presentó
ayer su informe a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la Cámara
de Diputados, y ahí afirmó que no hay manera de recuperar la normalidad que el
país tenía antes de los casos Tlatlaya y Ayotzinapa, porque ésta ‘‘era anómala,
estaba asentada en buena medida en la simulación, la ausencia de información
pertinente, la desidia, la indolencia y la falta de responsabilidad pública de
quienes propiciaron ese estado de cosas’’.
González Pérez definió
que la agresión a los normalistas ‘‘es grave por su propia naturaleza, así como
por su relevancia y proyección, pues hasta que no se acredite lo contrario
estamos en presencia de desapariciones forzadas, entre otras violaciones a
derechos humanos’’.
Un día después de que
la Procuraduría General de la República (PGR) sostuvo que hay evidencias
suficientes para cerrar el caso, el presidente de la CNDH señaló que ‘‘las
autoridades no podrán dar por concluido este expediente hasta que todos los
responsables sean juzgados y se aclare el destino de los estudiantes
desaparecidos’’.
