Cuatro de los siete militares consignados por el caso Tlatlaya fueron absueltos el miércoles anterior por la justicia federal del cargo de ejercicio indebido del servicio público.
El Cuarto Tribunal Unitario con sede en esta entidad ordenó la liberación al juez 14 de distrito en procesos penales con sede en el Distrito Federal, luego que los militares alegaron violaciones al debido proceso.
No obstante, los elementos de la Sedena aún enfrentan cargos en la justicia castrense por violaciones a la disciplina militar tras los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014, en los que murieron 22 personas.
Juan Velázquez, asesor de los procesados, aclaró que los soldados podrían enfrentar en libertad el proceso al que están sometidos en la justicia militar.
Los otros tres elementos, a quienes se les imputa homicidio calificado en agravio de ocho personas, abuso de autoridad y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo, aún son investigados por la vía civil y se mantienen en reclusión.
En declaraciones a Apro, el abogado consideró que también podrían ser liberados por “los testimonios contradictorios” de las tres mujeres sobrevivientes a la matanza.
En el caso de los militares absueltos, precisó que el juez no encontró pruebas para procesar a Ezequiel Rodríguez Martínez, Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz y Samuel Torres López.
Según el litigante, el fallo judicial puede fortalecer la hipótesis del enfrentamiento, y no la de la ejecución sumaria, entre elementos del Ejército y civiles en una bodega de San Pedro Limón, comunidad del municipio sureño de Tlatlaya, al sur de la entidad.
Según la CNDH, al menos 15 de los 22 civiles que perdieron la vida en el lugar fueron fusilados por las fuerzas castrenses.
Juan Velázquez señaló que las pruebas en contra de los militares fueron “fabricadas”, pues los resultados toxicológicos de los 22 civiles que murieron en aquel encuentro fueron positivos.
Los elementos fueron detenidos el 25 de septiembre de 2014 y remitidos a la Prisión Militar adscrita a la Primera Región Militar, ubicada en el Campo Militar 1-A, en el Distrito Federal, todos acusados de ejercicio indebido del servicio público.
Quienes aún se encuentran sometidos a la justicia civil federal son Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides.
Fuente: Proceso.
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