Las investigaciones
sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no pueden
considerarse cerradas hasta que se agoten todas las líneas de investigación,
afirmó el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED,
por sus siglas en inglés), y consideró que este caso no es aislado, sino parte
de un fenómeno vigente en el país cuyo origen se encuentra en la
impunidad de los crímenes cometidos durante la llamada guerra sucia.
Afirmaron lo anterior
organizaciones de la sociedad civil, que pidieron que dicha entidad cree la
figura de un relator especial para México, con la finalidad de que monitoree de
forma permanente la situación de los derechos humanos en el país.
Stephanie Erin Brewer,
responsable del área internacional del Centro de Derechos Miguel Agustín Pro
Juárez, indicó en conferencia de prensa que durante su octavo periodo de
sesiones el CED hizo de Ayotzinapa un tema central y pidió a las
autoridades mexicanas que abrantodas las líneas de investigación necesarias
para llegar a la verdad.
Ese llamado se
contrapone a lo dicho hace unos días por la Procuraduría General de la
República de que la verdad histórica es que los jóvenes fueron
asesinados y sus cuerpos incinerados en el basurero de Cocula.
De igual forma, el CED
–que este 2 y 3 de febrero evaluó el nivel de cumplimiento de México de sus obligaciones
internacionales en materia de desaparición forzada– aseveró que el de
Ayotzinapa no es un caso aislado y preguntó varias veces sobre el motivo del
cierre de la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del
Pasado.
Lo anterior, dijo
Brewer, significa que la CED considera que hay unvínculo muy claro entre
la impunidad en que quedaron las desapariciones forzadas de la llamadaguerra
sucia y las ocurridas en la actualidad.
Fue un análisis muy
rico y valioso y esperamos que (en su informe final, el 13 de febrero) el
comité formule recomendaciones concretas para el caso Ayotzinapa y en la parte
estructural de cómo se abordan las desapariciones forzadas en general,
afirmó.
Las organizaciones
civiles anunciaron que pedirán a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que
ordene crear la figura de un relator especial para México –similar al que
tienen Somalia, Camboya, Sudán y Haití–, cuyo trabajo sería dar seguimiento de
forma permanente a estos temas en la nación.
Otras iniciativas que los
colectivos esperan ver en la recomendaciones finales son crear un mecanismo de
investigación trasnacional, con protocolos para buscar con vida a los
desaparecidos; generar una base de datos confiable y aprobar una ley general
contra la desaparición forzada, con la colaboración de los familiares de las
víctimas.
Fuente: La Jornada.
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