Comunicado del equipo Indignación

Yucatán niega a mujeres el derecho a una vida libre de violencia.

25 de noviembre

Día internacional contra la violencia hacia las mujeres

En Yucatán, el caso de MAR, los feminicidios encubiertos como crímenes pasionales y, en general, la actuación de jueces, fiscalía y gobierno niegan, en la práctica, el acceso a la justicia y el derecho a una vida libre de violencia a todas las mujeres.

El de MAR es un caso extremo de violencia de género cometido de forma reiterada y continuada durante más de quince años contra una mujer desde que era menor de edad. En el caso de MAR se concentran agresiones físicas y emocionales, violación y explotación sexual cometida por su padrastro, tolerada por el Estado y, ahora, encubierta por el sistema judicial que se niega reiteradamente a garantizarle justicia, reparación del daño y garantías de no repetición.

MAR tuvo una hija producto de la violencia y el abuso de su padrastro, quien además la explotaba sexualmente. Cuando MAR al fin pudo escaparse y denunciar encontró en el entonces Ministerio Público y en el sistema judicial obstáculos y negativas para acceder a la justicia. El Tribunal Superior de Justicia incluso retiró el cargo de violación “porque no se pudo comprobar la violencia” aunque posteriormente, por las comunicaciones dirigidas desde la sociedad civil, le negó el beneficio de la libertad. Ese juicio concluyó con una condena por un delito que no es grave y que se encuentra purgando el agresor.

La Fiscalía no realizó el estudio de ADN que en sí mismo prueba el delito. Ni siquiera contaba con la posibilidad de realizar ese estudio ni se hizo cargo del costo. Sin embargo, en una nueva denuncia, ahora por violación equiparada que es otro delito, precisamente por la agresión que concluyó con un embarazo cuando MAR era menor de edad, se inició un nuevo juicio. La prueba de ADN, aportada por la agraviada, tuvo ser costeada con la solidaridad internacional. El agresor intentó evadir el juicio apelando pero se sostuvo el juicio debido a que éste es otro delito no denunciado en el primer juicio.

A pesar de la evidencia que prueba el delito aportada por MAR, la juez de la causa exculpó al agresor en una sentencia inexplicable que responsabiliza a la fiscalía de omisiones en la acusación. Sin duda se ha logrado, con la denuncia internacional, que haya un laboratorio de genética forense. MAR no ha obtenido justicia ni reparación.

MAR, como agraviada, apeló la sentencia y el caso se encuentra ahora en el Tribunal Superior de Justicia. La Convención de Belem Do Pará establece como obligación de los Estados, en su artículo 7 “…actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; así como adoptar las medidas necesarias, incluso legislativas y establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para obtener protección, justicia y reparación”.

Casi cinco años, dos juicios y MAR continúa sin obtener justicia en un caso extremo en el que el Estado debió responder protegiendo de inmediato, garantizando con los estándares más altos el derecho a la justicia, a la reparación y a medidas de no repetición.

El caso de MAR es un ejemplo de la impunidad con la que los poderes del estado actúan en contra del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Sin embargo, no es el único caso. La fiscalía en Yucatán continúa encubriendo los feminicidios como crímenes pasionales para la prensa y como homicidios en los juicios. A pesar de todos los esfuerzos realizados desde la sociedad civil para lograr que se tipificara el femincidio y, posteriormente, para lograr que se tipificara como delito grave, la fiscalía continúa evadiendo esa tipificación ante los crímenes de odio por razones de género. Hasta el momento la fiscalía no ha podido consignar ni siquiera un caso por feminicidio, lo que manifiesta su incompetencia e incumple su obligación de actuar con la debida diligencia y de acuerdo a los estándares de mayor protección y garantía.

Destaca el feminicidio cometido en Mérida, en la Colonia El Roble, el 2 de julio de 2014. A pesar de que actualmente se encuentra en proceso un juicio penal en contra del presunto responsable, a pesar de que se configura el feminicidio, la Fiscalía General del Estado de Yucatán actuó con negligencia y los agentes ministeriales se limitaron a catalogarlo como homicidio en un contexto pasional. 

Sea por incompetencia, por omisiones o por decisión, la inadecuada tipificación evita el pleno acceso a la justicia y compromete las medidas de no repetición.

Los casos documentados en dos informes del equipo Indignación acerca del prácticamente imposible acceso de las mujeres a la justicia en Yucatán; la violencia cometida también desde las instituciones de salud como el fallecimiento ocurrido este mes de una mujer embarazada en un hospital de Valladolid, exhiben que en Yucatán jueces, fiscalía y gobierno continúan encubriendo, tolerando y cometiendo violencia contra las mujeres, a pesar de los discursos oficiales y oficiosos que la condenan.