TORTURADOS, PRESOS Y PERSEGUIDOS POLÍTICOS EN PUEBLA
PARA LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLITICOS Y EL CESE A LA REPRESIÓN SOCIAL
Durante los casi cuatro años del gobierno de Rafael Moreno Valle han sido detenidos decenas y decenas de ciudadanos por llevar a cabo protestas ante situaciones de injusticia social. Hasta noviembre de 2014 habían sido consignados en las cárceles de la entidad al menos 40 hombres y mujeres por diferentes delitos; una veintena se encontraban en libertad condicional y existía otro número similar de órdenes de aprehensión. La inmensa mayoría son personas humildes que se han resistido a la imposición de proyectos gubernamentales no aceptados por sus comunidades, pero hay también profesionistas y luchadores sociales.
En muchas partes de nuestro país, cada vez más por desgracia, están ocurriendo actos violentos fuera de toda legalidad, plagados de inimaginables horrores, que son realizados, amparados o tolerados por instituciones del Estado. Los más recientes y lamentable hechos ocurrieron en Tlatlaya, Estado de México, e Iguala, Guerrero, pero también en Chalchihuapan, Puebla. En todos estos casos fueron dependencias gubernamentales las culpables de crueles homicidios, detenciones o desapariciones forzadas. Toda esta violencia y descomposición social tiene como vehículo la corrupción y la impunidad, y ambas lacras sociales habían sido vistas hasta ahora de manera pasiva por la mayor parte de la ciudadanía. Sin embargo, ante los agraviantes hechos, esto está cambiando vertiginosamente y nosotros queremos formar parte de este cambio, por ello ofrecemos la presente iniciativa.
Sin temor a equivocarnos, en todos los casos el gobierno poblano ha actuado contraviniendo los recursos jurídicos a que tiene derecho cualquier ciudadano. Cuando se ha determinado que es posible que algún detenido obtengan la libertad bajo fianza, estas se han fijado hasta en medio millón de pesos, lo que mantiene a muchos detenidos tras las rejas por ser personas de muy escasos recursos.
Las detenciones se han llevado a cabo al azar durante las movilizaciones de protesta, aprehendiendo muchas veces a gente que nada tenía que ver con ellas; y las acusaciones contra ellos resultarían risibles si no hubiesen llevado a muchas personas a la privación de su libertad. A la señora Enedina Rosas, de 55 años, comisariada ejidal de la región de Atlixco, la detuvieron el 6 de abril y hoy la mantienen en arraigo domiciliario por la enfermedad que padece, y los cargos que le imputan son haberle quitado los celulares a dos empleados de seguridad de la empresa que construye el gasoducto que circunda el Popocatépetl; perseguidos o detenidos como Abraham Cordero, Avelino Velázquez o Juan Carlos Flores son acusados por episodios que no ocurrieron o en los que no estaban presentes.
No sólo hay mucha gente en las cárceles, en condiciones inaceptables, también ha habido muertos por las operaciones represivas. Un hombre de 90 años de nombre Delfino Flores Melga, viejo luchador por las causas sociales detenido por apoyar una lucha campesina, murió en una sórdida cárcel poblana porque los jueces le negaron el derecho de llevar el proceso en su hogar, como establece la ley por tener más de 70 años. El niño de 13 años José Luis Alberto Tehuatlíe Tamayo fue la víctima mortal de un proyectil lanzado por la policía del estado cuando los uniformados reprimían una protesta en el pueblo de San Bernardino Chalchihuapan. Antonio Esteban Cruz, luchador campesino contra las hidroeléctricas, fue arteramente asesinado en Cuetzalan; y está incluso el caso del crimen del exrector de la Universidad Autónoma de Puebla, Samuel Malpica Uribe, cuyo asesinato estuvo revestido de utilización política por el gobierno morenovallista y su esclarecimiento está pendiente.
La intención del gobernador Rafael Moreno Valle por suprimir la disidencia con mecanismos como la represión y la instauración del miedo, se expresa en la existencia de la popularmente conocida como Ley Bala, que a pesar de que este mandatario ofreció abrogar en un momento álgido de la protesta social luego de los hechos de San Bernardino Chalchihuapan el 9 de julio, no ha ocurrido ni hay indicios de que ocurrirá.
También se practica la tortura. Jóvenes que fueron detenidos en diversas movilizaciones han descrito que fueron víctimas de torturas por las corporaciones policíacas, quienes los hacían desnudarse, los golpeaban obligaban a ponerse en posiciones humillantes y hasta les pisaron las pantorrillas, amenazándolos con violarlos y otras brutalidades. Muchos de ellos, igual que los detenidos y procesados son amenazados para que guarden silencio porque los juicios están abiertos y temen por su integridad física; incluso, muchos de los abogados defensores también se ven presionados de diferentes maneras para que eviten denuncias de los agraviados. El caso más reciente es el del presidente auxiliar de San Miguel Canoa, Raúl Pérez, a quien detuvieron arbitrariamente y sus dos hijos, Rocío y Javier, encabezaron la lucha por su libertad pero también por mantener la lucha librada por su padre –y otros cientos de ediles auxiliares del estado—por evitar que les quiten todos los derechos de sus comunidades, incluido el servicio del registro civil y el agua para todos. Han realizado diferentes y continuas torturas contra el señor Raúl para que, por teléfono, convenza a sus hijos para que abandonen la lucha, lo cual no ha ocurrido.
El exceso de fuerza aplicada por los policías es más que evidente. En el pueblo de Chalchihuapan fue muerto el niño José Luis Alberto Tehuatlíe Tamayo, y heridos por proyectiles semejantes media docena de personas más, amén de otro centenar de lastimados en la refriega. En ninguna de las detenciones se han presentado órdenes de aprehensión y en muchos casos se ha entrado a los domicilios rompiendo puertas y mobiliario y amenazando a quien encuentran con armas de fuego.
Muchas veces, las fuerzas policíacas actúan con vehículos sin identificación oficial ni placas y con uniformes sin referencia alguna y hasta cubiertos de la cara. A los mototaxis los han llegado a derribar con las camionetas sin detenerse en la seguridad de los conductores y pasajeros.
El proyecto gubernamental de convertir el Parque Ecológico Revolución en un centro comercial recibió una fuerte protesta de los usuarios y del encargado de una emblemático aviario allí localizado hace décadas, lugar de vista de los poblanos. Se trata del señor Martín Camacho, a quien se le ha abierto un proceso jurídico por oponerse a tal destrucción.
La CNDH emitió el 11 de septiembre una recomendación por los hechos de Chalchihuapan, en la que desmintió por completo las versiones morenovallistas en el sentido de que los heridos y el niño muerto fueron producto de acciones de los mismos pobladores, --un cohetón y “piedras de gran calibre”, dijeron-- y dejaba claro que el gobierno poblano debía cumplir con una serie de recomendaciones de reparación del daño y corrección de sus conductas en materia de seguridad pública y acción social. Sin embargo, su forma de cumplir con ellas fue deteniendo a cuatro lugareños más, otra vez con lujo de violencia y violando sus derechos; tres de ellos ni siquiera eran los que buscaban, y se modificaron las acusaciones para ajustarse a las personas detenidas. El resto de los “cumplimientos” fueron también una mascarada inaceptable considerado un acto de cinismo. Estamos a la espera de que la propia CNDH de una opinión oficial sobre la respuesta del gobierno poblano; en la recomendación se estableció que el incumplimiento de la recomendación podría implicar un proceso de desaparición de poderes.
Días después de la nueva ofensiva en Chalchihuapan, Moreno Valle emprendió una operación igualmente violenta contra personas que reclamaban la falta de cumplimiento de acuerdos en el municipio de San Andrés Cholula, deteniendo al abogado Adán Xicale, representante de los afectados, y tres personas más. Igualmente, estos procesos están plagados de irregularidades, pero ellos siguen en la cárcel.
Muchas de las acciones del gobernador poblano son resultado de políticas del gobierno federal, como la del gasoducto que pasa por la zona de peligro del Popocatépetl, y en esta medida hay una corresponsabilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto que no puede soslayarse. En abono del problema, la interpretación y aplicación que Moreno Valle hace de las políticas federales representan extremos de violencia no vistos en Puebla desde hace décadas, desde el gobierno de Gonzalo Bautista O´Farril.
Ha habido muchos embates contra las expresiones de protesta social, prácticamente desde el inicio del sexenio: represión contra campesinos en Chignahuapan y Venustiano Carranza; carga de granaderos contra pensionados y defraudados en sus ahorros; detención de jóvenes activistas que escribieron consignas en Internet, lo que les valió ser detenidos y torturados; aprehensiones a opositores la construcción del gasoducto que pasa por la zona de peligro del volcán Popocatépetl; contra las movilizaciones para frenar la persecución, muchas veces violenta, a los mototaxistas de diferentes municipios; granaderos otra vez atacando a las personas que reclamaban la devolución de sus rutas de transporte, lo que el gobierno hizo para imponer un metrobús que no ha resuelto las necesidades sociales y sí se ha convertido ya en una nueva carga para la deuda pública por su mal manejo financiero; atacan la resistencia a las nuevas cuotas de agua a partir de su privatización, llena de opacidad; acciones por oponerse a la construcción de minas e hidroeléctricas; y reprimiendo la firme oposición al retiro del servicio del Registro Civil y otras medidas antimunicipalistas impuestas por Moreno Valle en las juntas auxiliares y avaladas sin miramientos por el Congreso del Estado, muchas de las cuales atentan contra la identidad de los pueblos.
Existe una importante oposición de los defensores del patrimonio edificado a la afectación o destrucción que el gobierno ha ido haciendo estos años de varios inmuebles y sitios arqueológicos y con enorme valor cultural, pretendiendo realizar obras cuya pertinencia nunca se demuestra; una movilización social de gran envergadura detuvo un proyecto para hoy día crece la resistencia por las afectaciones a la zona arqueológica de Cholula, pero como si fuera una venganza, el gobernador tiene detenidos a sus principales dirigentes acusándolos de absurdos como violar el orden constitucional.
El Ejecutivo del estado ha sido obligado por las circunstancias a dialogar en algunos casos, luego del empleo desproporcionado de medidas represivas, pero las reuniones llevadas a cabo son siempre conducidas por los operadores gubernamentales hacia la inoperatividad y con una fuerte manipulación mediática.
Desde el inicio de su mandato, Moreno Valle instruyó a un Congreso estatal totalmente sometido a sus designios, a que aprobara una tras otra y sin discusión alguna, diversas leyes con las que pretende concentrar el poder y suprimir la protesta: la de transparencia, la de libertad de expresión, la de expropiaciones, la de nombramiento de jueces, la de la reforma del sistema de agua, y la célebre Ley bala. La aplicación de estas medidas legislativas ha ocasionado muchas protestas, pero no se ha dado marcha atrás en ninguna. Como nunca antes, los legisladores no representan más que los intereses del gobernador, no a la ciudadanía que los nombró.
Las instituciones encargadas de impartir justicia se muestran totalmente sometidas a la voluntad del titular de Ejecutivo, como lo demuestran uno tras otro de los procesos aquí tratados. Eso ha llevado a plantear que en Puebla no hay división de poderes.
Hay que agregar nuestra firme protesta por la política de hostilidad y acoso contra los periodistas y medios de comunicación que no se han sometido a la política de control absoluto del gobernador. La organización Artículo 19 en su más reciente informe ubicó a Puebla en segundo lugar del los estados donde más se agrede a periodistas, sólo detrás de Quintana Roo.
Igualmente, condenamos los violentos asaltos y robos a casas de personajes opositores como la panista Ana Teresa Aranda; el investigador universitario Ricardo Pérez Avilés y varios alumnos suyos; el dirigente sindical de los telefonistas Marco Antonio Mazatle; el universitario y periodista Luis Enrique Sánchez, el comisariado de bienes comunales de Amecac, Avelino Velázquez Tapia; y otros personajes de la vida pública poblana.
Para realizar acciones contra esta política de supresión de los derechos ciudadanos y humanos de los poblanos, hemos creado el COMITÉ PARA LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS Y CONTRA LA REPRESIÓN SOCIAL EN PUEBLA, que define en su nombre el propósito exclusivo de sus actos, que es ciudadano y apartidista, y que realizará sus esfuerzos de manera pacífica hasta que todos estos presos sean puestos en libertad y los procesos en contra de los ciudadanos que han llevado a cabo protestas sean suspendidos.
Los que el presente firmamos y el Comité, exigimos la libertad inmediata de los detenidos, la supresión de los procesos judiciales contra los perseguidos por participar en estos movimientos, y la instauración inmediata de mesas de diálogo público con la presencia de las autoridades estatales, municipales y federales, las representaciones de los movimientos sociales que son reprimidos, y con la asistencia de organizaciones ciudadanas que atestigüen su buen desempeño.
Abrazos fraternos,
COMITÉ PARA LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS Y CONTRA LA REPRESIÓN SOCIAL EN PUEBLA
El límite para recibir adhesiones será hasta el sábado, en el correo_e: paralalibertaddelospresos@
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