La ley de hidrocarburos provocará
que millones de hectáreas que ahora son de agricultura o reservas ecológicas se
conviertan en tierras muertas, debido a la explotación en calidad de
préstamo que efectuarán trasnacionales dedicadas a energía y minería.
El coordinador general del
Congreso Agrario Permanente (CAP), José Durán Vera, aseguró que si el
procurador fiscal de la Federación, Javier Laynez Potisek, asegura que las
leyes sobre hidrocarburos aprobadas en el Senado no provocarán “expropiaciones de
facto de tierra ejidal ni comunal para entregarla a inversionistas privados
nacionales o extranjeros”, se debe a que a las empresas petroleras no desean
comprar las tierras, porque podrán hacerse de ellas por el esquema de adopción
del dominio pleno.
A la industria extranjera tampoco
le interesa la expropiación que implica el convenio de ocupación previa y el
pago de indemnizaciones, ya que se les provee de la figura de contratos de
ocupación, que al realizarse por negociación directa, resulta conculcatorio del
derecho de asesoría, dijo.
Apuntó que, según Laynez, no es
interés de las trasnacionales, después de conseguir un permiso de exploración,
explotación y extracción de hidrocarburos, comprar la tierra superficial, lo
que es lógico porque después de 30 o 40 años de explotación (...) no
sabrán qué hacer con las tierras muertas.
Eso es, dijo, porque serán
tierras inservibles para actividades productivas y, sin duda, no volverán a
servir para sembrar productos alimenticios.
¿Qué patrimonio quedará a los
dueños de la tierra cuando ya no haya riqueza petrolera en el subsuelo y la
contaminación y destrucción de la superficie sea evidente y no rentable?,
cuestionó.
Expuso que la visión de
estos funcionarios no contempla el aprovechamiento de la riqueza natural para
el desarrollo de las regiones; pareciera que sólo les importan las migajas en
forma de prebendas que les tirarán al suelo las empresas trasnacionales si
logran aprobar las leyes reglamentarias que sólo favorecen a los supuestos
inversionistas.
Lo anterior, porque aunque se
mantiene la figura de la consulta en asentamientos indígenas, se
podrá realizar una negociación que incluya el arrendamiento de la
tierra donde la Secretaría de Energía considere que debe haber exploración de
hidrocarburos.
Todo está previsto para que las
poderosas trasnacionales demanden la creación de servidumbres de
hidrocarburos, es decir, de mecanismos legales pero ilegítimos para la
ocupación de la tierra a través del uso temporal.
Eso muestra la visión
depredadora y salvaje del gobierno federal en aras de la entrega de la
riqueza natural a extranjeros mediante los megaproyectos energético-mineros,
apuntó.
La mayor prueba es que la
competencia para resolver controversias se deja en manos de juzgados de
distrito y se desconoce de facto la competencia de los
tribunales agrarios, según Durán Vera.
Mencionó que el ordenamiento se
contrapone al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que
suscribió México y que se refiere a que se deben respetar los derechos
fundamentales de las comunidades indígenas con propiedad comunal
constitucionalmente reconocida.
Fuente: La Jornada.
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