Oficial: Mancera criminaliza la protesta ciudadana

Un reglamento casi clandestino, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal pero que nunca pasó por la Asamblea Legislativa ni se ventiló en los medios de comunicación, autoriza a la policía capitalina a utilizar la fuerza (incluso letal) contra quienes muestren “estado de agresividad” durante marchas o mítines.

Para disolver protestas sociales la policía capitalina –con autorización oficial– puede usar armas de fuego, “disuadir” una concentración con sustancias químicas irritantes e ingresar con violencia entre los manifestantes para “separar” a quienes considere en “estado de agresividad”, descripción ambigua que deja a la discrecionalidad de los mandos policiales la decisión de arremeter a golpes contra la multitud.


El instrumento que autoriza lo anterior es el Acuerdo 16/2013 por el cual se expide el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para el Control de Multitudes (PCM) que, sin haber pasado por un proceso legislativo, fue expedido y publicado el pasado 25 de marzo en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Firmado por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, el protocolo es en respuesta a los hechos del 1 de diciembre de 2012, durante las protestas contra la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, cuando la policía capitalina reprimió a manifestantes y realizó detenciones arbitrarias.

Considerada hasta hace poco un ejemplo nacional de las libertades y la tolerancia, a partir de la llegada de Miguel Ángel Mancera al gobierno y en especial tras la expedición del PCM, la Ciudad de México acumula denuncias de actores sociales por espionaje político, arrestos arbitrarios y selectivos, acoso a manifestaciones pacíficas que derivan en enfrentamiento con brutalidad policiaca, así como agresiones a defensores de derechos humanos y a periodistas que intentan documentar la vulneración de garantías (Proceso 1927).

El jueves 10 más de un centenar de organizaciones sociales y otros tantos intelectuales, académicos y actores sociales –entre ellos el obispo de Saltillo, Raúl Vera López y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh)– fijaron su postura en favor del derecho de manifestación y consideraron que hay una “represión de Estado que impide el ejercicio pleno de las libertades”.

Además exigieron una investigación y sanciones a toda la cadena de mando y la adopción de medidas de no repetición, entre ellas protocolos acordes con los principios del derecho fundamental.

(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1929, ya en circulación).

Originalmente publicado en http://www.proceso.com.mx/?p=355927