El PAN en la Cámara de Diputados
denunció ayer que la iniciativa de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, del
presidente Enrique Peña Nieto, pretende eximir del pago de utilidades a las
empresas que obtengan contratos de exploración y extracción de hidrocarburos,
lo que violaría el artículo 123 de la Constitución.
En la comparecencia del
subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Miguel Messmacher, ante
comisiones de la cámara, el diputado Juan Bueno Torio cuestionó que ello
crearía un régimen especial para las petroleras, en contraste con el resto de
los patrones que sí están obligados al reparto de utilidades a sus empleados.
Tenemos una preocupación
evidente, que manda el presidente de la República en su iniciativa, que
corresponde a la participación de los trabajadores en la utilidades (PTU). Hay
un apartado en el que se pretende eximir a las empresas que participen en la
explotación de la energía en nuestro país del pago de la PTU, que es un derecho
constitucional de los trabajadores en México, dijo.
Asimismo, ante las críticas de
diputados del PRI y de la oposición, respecto de que la citada iniciativa no
define un monto específico que las empresas deberán pagar al Estado por la
exploración y extracción de hidrocarburos, Messmacher reconoció que no hay
forma de garantizarlo.
La lógica es que sea a través de
procesos de licitación. El porcentaje preciso dependerá de cada tipo de campo.
Se garantizará que la renta no se la lleven las petroleras, sostuvo.
En la comparecencia ante
comisiones de Hacienda y Energía, la preguntas más críticas no surgieron sólo
de la oposición, también de los partidos que avalaron la reforma constitucional
para la apertura energética.
La diputada Sanjuana Cerda
(Panal) recalcó que en la iniciativa del presidente Peña Nieto no queda claro
cómo se recuperará la renta petrolera en favor de la nación, cuando las
empresas privadas sean beneficiarias de la extracción del petróleo.
El funcionario intentó convencer
a los legisladores: No es lo mismo la renta que se puede esperar en un
proyecto de lutitas que en aguas someras o profundas. No es posible hablar de
un monto exacto y preciso. La lógica es que con los contratos se dé la vuelta a
la declinación en la plataforma y observemos incrementos en los ingresos, en un
periodo de transición de 10 años.
Incluso, respecto de las
atribuciones que la legislación pretende darle a la secretaría para la
asignación de contratos, bases de licitación, fijar regalías sobre
hidrocarburos, admitió querealmente en Hacienda no tenemos la experiencia
técnica del sector.
El priísta Williams Ochoa
reprochó que el contenido de la iniciativa parece reflejar que al gobierno
federal sólo le interesa el beneficio de las empresas extranjeras y no la
economía doméstica, porque se excluye a los proveedores nacionales.
También el diputado Ricardo
Astudillo (PVEM) expuso que en ningún artículo de la iniciativa a debate se
explica cómo ocurrirá la reducción del precio de la energía eléctrica
doméstica.
Ricardo Cantú Garza (PT) explicó
que el proyecto presidencial no define un piso mínimo al pago de las regalías y
alertó que países como Brasil, Bolivia y Venezuela emprendieron un rescate de
su renta petrolera, cuando las compañías se negaron a incrementar el pago de regalías.
Ricardo Mejía, vicecoordinador de
Movimiento Ciudadano, expuso que si Hacienda no ha sido eficiente para
atender su obligación constitucional de mejorar la economía, ahora quieren
convertirse en una súper secretaría del sector energético.
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