El pasado 10 de junio, un grupo
de unos 40 anarquistas dañó distintos negocios del Centro Histórico, lanzó una
bomba molotov a la sede del PRI-DF y golpeó a varios periodistas que cubrían la
conmemoración del 43 aniversario del Halconazo, sin que las autoridades
capitalinas hicieran algo para contener a los agresores. En contraste, un día
después, las autoridades de la Ciudad de México emplearon la fuerza
pública contra un reducido grupo de jóvenes que, de forma pacífica, intentó
llegar al Zócalo para denunciar que, presuntamente, son
acosados por una organización de comerciantes ambulantes.
“Los hechos ocurrieron la mañana del pasado 11
de junio –denunciaron ayer los jóvenes que acusan represión–, (cuando) nuestros
compañeros participaban en una protesta pacífica en la sede del Gobierno del
Distrito Federal para denunciar, entre otras cosas, las amenazas de muerte y
las agresiones verbales y físicas de las que hemos sido objeto”. El
hostigamiento, acusan, proviene de los vendedores ambulantes que rodean la Honorable
Casa Nacional del Estudiante, espacio enclavado en el Centro Histórico de
la Ciudad de México, en el que se brinda asistencia y alojamiento a
estudiantes de escasos recursos.
Como prueba de la agresión
sufrida por parte de la policía capitalina, los alumnos alojados en la
Honorable Casa Nacional del Estudiante difundieron un video el
miércoles 17 de junio, en el que se aprecia cómo un grupo de
alrededor de 30 uniformados impide a los estudiantes ejercer su derecho a
manifestarse, aun cuando, afirman, actuaban de forma pacífica. Los
estudiantes fueron cercados y se les impidió mostrar sus pancartas y no se
les permitió salir.
El video exhibido por la
Honorable Casa Nacional del Estudiante no sólo muestra que a los manifestantes
se les impidió ejercer su derecho a la protesta, sino que, además, aquellos jóvenes
que intentaron liberarse del cerco fueron arrestados por la Secretaría de
Seguridad Pública y forzados a abordar vehículos policiales, en
los que fueron alejados de la manifestación.
La protesta pacífica que fue
reprimida por la policía del DF, destacaron los jóvenes, se llevó a cabo luego
de que “los habitantes de la Honorable Casa Nacional del Estudiante agotamos la
vía legal de resolución de conflictos”, ya que, con el objetivo de resolver la pugna
con los ambulantes que rodean este albergue estudiantil, “acudimos a la
Dirección Territorial Centro Histórico, a la Jefatura Delegacional de
Cuauhtémoc, y a la Coordinación General de Atención Ciudadana del Gobierno
Central (pero) fuimos ignorados”.
Los jóvenes informaron que el
conflicto con los ambulantes inició hace al menos dos años, luego de que denunciaran
distintos daños causados por los comerciantes informales al inmueble que
ocupa la Honorable Casa Nacional del Estudiante, construcción porfiriana de
estilo ecléctico renacentista, y que es considerado monumento histórico por el
Instituto Nacional de Antropología e Historia, y monumento artístico por el
Instituto Nacional de Bellas Artes.
Con la protesta del pasado 11 de
junio, además, buscaba denunciarse la agresión sufrida por el
estudiante Alfredo Santiago Gómez, quien a principios de mes fue
atropellado por un ambulante, tras haberle reclamado por perforar una
columna del inmueble histórico para fijar su puesto.
Además, acusan, los ambulantes
que rodean la Casa del Estudiante presuntamente apuñalaron el 7 de
enero de 2012 a otro de los habitantes del inmueble en el
marco de la misma pugna por la defensa del edificio. En su denuncia, los
jóvenes insistieron: “no deseamos el retiro de los vendedores ambulantes, (sino
que) exigimos el respeto al inmueble histórico y artístico que nos cobija”.
Sin embargo, lamentaron, “la
defensa de este espacio y su proyecto educativo ha puesto en riesgo la vida de
sus habitantes”, por lo cual “conminamos a las autoridades capitalinas a no
hacer caso omiso a nuestra problemática”.
Por último, los habitantes de la
Honorable Casa Nacional del Estudiante demandaron no sólo garantías de
seguridad contra nuevas agresiones de los vendedores ambulantes que tienen
cercado su albergue, sino también que se investigue y sancione “a los jefes de
Seguridad Pública que permitieron la brutalidad policiaca en contra de nuestros
compañeros” reprimidos el pasado 11 de junio.
Fuente: Animal Político.
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