Nuestros impuestos trabajando

El país se cae a pedazos y @EPN estrena hoy su nuevo avión. Comparen los aviones de los presidentes de otros países. ¿Cómo ven el uso del dinero público para estos gastos?

Siembra ilegal de soya transgénica en Campeche, denuncian apicultores mayas.

Se violó la sentencia de un Juez Federal que dejó sin efecto el permiso otorgado para la siembra de soya OGM

Existe una evidente responsabilidad de la Sagarpa

Comunicado conjunto:

Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos AC,

Ma OGM Colectivo sin Transgénicos y Muuch-Kambal

El día 09 de octubre apicultoras y apicultores presentaron diversos recursos legales ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y el Juzgado Segundo de Distrito del estado de Campeche,  en los cuáles denunciaron la siembra ilegal de soya genéticamente modificada, prohibida en Campeche a partir de dos sentencias emitidas por un Juez Federal que dejaron sin efecto el permiso otorgado por la para la siembra de ese transgénico.

En marzo del presente año, el Juzgado Segundo de Distrito del Trigésimo Primer Circuito con sede en la ciudad de Campeche, Campeche, concedió dos amparos (753/2012 y 762/2012) a comunidades y asociaciones de apicultores mayas de Campeche en contra de un permiso otorgado a la empresa Monsanto por la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través de la SENASICA y  con aval de la  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para la siembra, en fase comercial, de 235 mil hectáreas de soya transgénica que afectaban 8 municipios del estado de Campeche.  La sentencia señaló, entre otras cosas, que se violó el derecho a la consulta del pueblo maya asentado en Campeche.

Al emitir sus resoluciones, el Juez Segundo de Distrito fue claro en determinar:

a) Las autoridades responsables Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria; y Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, deberán dejar insubsistente el permiso de liberación COMERCIAL al ambiente de soya genéticamente modificada (evento MON-04032) tolerante al herbicida glifosato a favor de la empresa Monsanto, por tiempo indefinido, en los Municipios de Champotón, Hecelchakán, Hopelchén, Tenabo, Calkiní, Escárcega, Carmen y Palizada, del Estado de Campeche,

Es decir, ambas sentencias dejaron sin efecto el permiso para la siembra de soya transgénica en el estado, con lo cual se estableció en los hechos una prohibición clara de sembrar esa leguminosa genéticamente modificada en  Campeche.

A pesar de lo anterior, en fechas recientes apicultores y campesinos de diversos municipios se percataron de la presencia de soya transgénica en distintos ejidos y comunidades pertenecientes al municipio de Hopelchén, tales como Ich-Ek, Las Flores, Pac-Chen y La Trinidad, siembra que ya ha sido corroborada por las autoridades ejidales y comisariales a partir de verificaciones y análisis utilizando el kit ELISA que detecta la presencia de organismos genéticamente modificados.

Ante estos hechos que representan una flagrante violación a una sentencia Judicial emitida por un Juez Federal,  los apicultores y apicultoras del municipio de Hopelchén presentaron una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como solicitud a Sagarpa y Senasica para que se inicie procedimiento administrativo en materia de bioseguridad de organismos genéticamente modificados.

En específico los apicultores solicitaron la PROFEPA y SAGARPA/Senasica que:

1. Se realicen las labores de inspección y vigilancia en la zona, a efecto de corroborar la siembra de soya genéticamente modificada, y prevenir o, en su caso, detener su siembra.
2. Que dentro de las medidas específicas a tomar, se establezca el aseguramiento precautorio de todo cultivo de soya genéticamente modificada que se haya sembrado en el estado de Campeche, aseguramiento que deberá contemplar la suspensión total de actividades económicas, agronómicas y de toda índole relacionadas con la siembra de soya genéticamente modificada, así como el impedimento de cosechar, movilizar, comercializar o aprovechar, en todo o en parte, el cultivo de soya OGM.
3. Investigar y determinar las responsabilidades de empresarios y agricultores que han sembrado soya transgénica a pesar de no existir permiso vigente, así como la responsabilidad de funcionarios y ex funcionarios de las dependencias relacionadas con la bioseguridad, cuya negligencia permitió que la siembra de soya y posible  contaminación ocurriera, aplicando a los responsables  las sanciones respectivas en los términos establecidos en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

Conoce el proyecto Normalista de Ayotzinapa

Conoce el proyecto Normalista de Ayotzinapa y porqué ha incomodado siempre al poder político y al narco en México

Un ultimátum vencido

Hoy, luego de haber vencido el ultimátum que tanto familiares como estudiantes dieron al gobierno estatal para encontrar a los 47 estudiantes detenidos desaparecidos en la violenta y cruel represión en Iguala, Guerrero, permanece como una tesis cada vez más fuerte que los cuerpos encontrados en 6 fosas comunes pertenecerían al menos a un grupo de dichos estudiantes detenidos desaparecidos, haciendo cada vez más frágil la sentida y justiciera consigna de “vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Mientras tanto, la demora en la entrega de los resultados de ADN (que va a tardar entre 15 días a 2 meses) y la información errática en los medios (los cuales muchos han afirmado como cierto lo que es hasta ahora solo una tesis), hace la situación aun mas difícil para los que están pasando por el doloroso momento de esperar encontrar a sus compañeros y familiares.

Por lo mismo, y ante la falta de respuesta y certeza es que los estudiantes normalistas han decidido radicalizar la lucha, como asimismo es que se ha convocado a una marcha a nivel nacional en México, fechada para el miercoles 8, para solidarizar con los compañeros estudiantes asesinados y desaparecidos.

Un proyecto que se ataca y se reprime

Del mismo modo, son pocos los medios que reparan en el proyecto de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y que permitiría entender el por qué de los ataques y de la represión que han sufrido no excepcionalmente ahora, sino que sistemáticamente.

La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa es un modelo de educación popular, autogestionada, horizontal y consciente que es digna de admirar. Tiene sus orígenes en un proyecto gubernamental de Lázaro Cárdenas en los años 20 del siglo pasado, que tenía como finalidad masificar la educación mediante la creación de escuelas normales que permitieran formar profesores rurales. Es así que en 1926 se funda Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos (que es su nombre oficial), la cual se ha mantenido, a pesar de una serie de hechos y procesos históricos de por medio, en un verdadero gesto de resistencia hasta el día de hoy.

Constantemente atacada por el abierto carácter combativo y los altos niveles de conciencia política de sus estudiantes, la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ha tenido que enfrentar tanto la represión como la indiferencia de las autoridades. De la segunda forma de agresión, llevada a cabo principalmente negando el financiamiento, es que los estudiantes normalistas han desarrollado formas de autogestión, en donde ellos son protagonistas de la obtención de fondos para los gastos de la escuela y manutención personal. Siembran, cosechan y crían animales para poder financiarse, así como también realizan colectas con los mismos fines.

También, y en ese mismo sentido, anualmente realizan un pliego a las autoridades en donde normalmente se exige mejoras académicas (ej. más profesores) como un mejor financiamiento desde el estado (que es mínimo).

Una ética y una práxis política

Sin embargo, lo más interesante en este proyecto que es la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa es que hay un discurso político que se pone en práctica día a día. Existe fraternidad y horizontalidad entre los integrantes. Del mismo modo se buscan formar como profesores no tan solo como una forma de mejoramiento profesional individual, sino principalmente como una forma de contribuir a la transformación de la sociedad en la que viven. Es por ello que definen su educación como una forma de educación popular (que desafía al poder y a la estructura económica imperante), en donde además participan activamente en la gestión y en el proceso educativo.

Del mismo modo, alternan la formación pedagógica con la formación política, pues ellos se ven y se proyectan como agentes de cambio, y a su escuela como germen de un proyecto revolucionario. Formación política que sin embargo es principalmente canalizada en la práxis, en llevar a cabo una forma de relacionarse y de realizar las distintas tareas.

Mas allá de los murales y las múltiples consignas que pueblan la escuela, lo más revolucionario, lo más subversivo que se puede apreciar es como ellos mismos llevan a cabo sus vidas, la gestión de su espacio y la formación tanto personal como profesional, destinados a crear un mundo nuevo y un hombre nuevo.

Massacred Democracy in Mexico

The Mexican "drug war" has taken a turn for the worse. Since the return of the old guard Party of the Institutional Revolution (PRI) to the presidency in 2012, violence has expanded and increasingly targeted political activists, journalists and human rights defenders. And two recent massacres committed by government officials indicate that the country may be headed towards a rerun of the "dirty wars" of the 1970s, in which the government hunted down and killed or jailed thousands of activists.

It is time for international public opinion to shift Mexico from the "democratic" to the "authoritarian" column. The upcoming Senate hearings on President Barack Obama´s nomination for the new US Ambassador to Mexico, Maria Echaveste, present an excellent opportunity to take a hard look at the crude reality south of the Rio Grande.

This past June 30th, soldiers brutally executed 21 youth in a warehouse in the town of Tlatlaya, less than 90 miles from Mexico City. Both federal and local officials immediately covered up the incident by announcing that the dead were supposedly kidnappers and had died in a gun fight. It took independent reporting by the Associated Press, and a public exposé by a witness in the Mexican media, in order for the massacre to come to light. It is now clear that the Mexican military, which has received billions of dollars in US assistance in recent years, assassinated dozens of youth in cold blood.

This past September 26th, another massacre has confirmed suspicions about the use of the "drug war" as a cover for political repression. In the city of Iguala, less than 50 miles from Tlatlaya, local police opened fire on dozens of peaceful, unarmed youth activists, all students at a local teacher training school renowned for its commitment to social change and progressive education. Six people were killed, over a dozen injured and more than 40 have disappeared. One cadaver later appeared with his face brutally skinned, sending a clear message that the choice of victims had not been accidental. This weekend various mass graves were discovered nearby with the burned corpses of what are likely the students.

In order to reduce international scrutiny, the Mexican government has tried to present these two massacres as cases of isolated human rights abuses. But both cases go far beyond simple abuse of force by law enforcement. They involved premeditated attacks by agents of the state on groups of youth whose did not present a serious threat. The massacres are therefore best categorized as crimes against humanity.

#TodosSomosAyotzinapa. Acciones en Acapulco.

#TodosSomosAyotzinapan. Acciones en Guadalajara.

TODOS SOMOS AYOTZINAPA. JUSTICIA! Acciones en Mérida.

Información oficial de #TodosSomosPolitécnico

Publicación de Movimiento Estudiantil Esia Ticoman.

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN POR PARTE DE SEGOB

A las 15:00 hrs del día 3 de octubre del 2014 se recogerá por parte de los representantes de cada escuela la propuesta:

• Sin darle lectura en el lugar o Cada vocero llevara la respuesta a sus escuelas.
• Se exhorta a no ovacionar (aplausos, gritos, silbidos) al funcionario público, ya que este solo cumple con su trabajo y no debemos convertirnos como estudiantes en botín político.
• Se pide guardar silencio, dado que cualquier provocación detonara una reacción en cadena que podría ser contraproducente para los fines que buscamos como comunidad politécnica.
• Se pide no otorgar ninguna entrevista a cualquier medio, ya que pueden mal interpretar la información dado que todos somos politécnicos, estas entrevistas se darán a partir de que cada escuela informe adecuadamente a su comunidad y todos estemos bien informados.
• El sábado y/o domingo cada escuela deberá convocar a una reunión particular para debatir las propuestas hechas y el lunes pronunciar los acuerdos y posiciones a las que llegaron. Para ser vertidas en la asamblea general politécnica que se llevara a cabo en la ESCB UZ el día Lunes 6 de octubre.

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
“LA TECNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”

Saber para prever, prever para actuar.

Permanecen 43 estudiantes desaparecidos

A cinco días de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de normalistas, permanecen 43 estudiantes desaparecidos

• Organizaciones urgen a autoridades federales y estatales garantizar que la búsqueda de estudiantes desaparecidos se lleve a cabo con debida diligencia y conforme a los estándares internacionales más avanzados en la materia. 

• Expresan preocupación por las declaraciones de Enrique Peña Nieto: El gobierno federal no puede deslindarse ante la gravedad de la situación, se deben de movilizar todos los recursos e instituciones necesarias para lograr la aparición con vida de los estudiantes.

• Temor de nuevas agresiones en la jornada de protestas del 2 de octubre.

Ayotzinapa, Guerrero, 1 de octubre de 2014. A cinco días de que iniciaran las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de los estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa en la cabecera municipal de Iguala, Guerrero, siguen en calidad de desaparecidos 43  normalistas. El Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, ha incumplido con su obligación de realizar la búsqueda exhaustiva de los jóvenes desaparecidos de manera inmediata, con la debida diligencia y conforme a los más altos estándares internacionales en la materia. 

Las organizaciones firmantes reconocemos que los operativos de búsqueda en los que participan las madres y padres de familia de los estudiantes, así como la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, son un paso fundamental para dar con el paradero de los desaparecidos. Sin embargo, los operativos  de búsqueda se han implementado con graves deficiencias; por ejemplo, el arribo a los puntos no es precedido por una tarea diligente de inteligencia que asegure y delimite las zonas de búsqueda. No existe hasta ahora un esfuerzo por trazar y distribuir las áreas de búsqueda, cruzándolas con la información surgida de las declaraciones de los policías detenidos y con los antecedentes de los modus operandi de la delincuencia organizada en la región. 

Durante los operativos de búsqueda, cabe señalar, hasta ahora no se ha contado con el involucramiento de las instituciones federales, quienes tienen los elementos de seguridad, periciales e inteligencia para llevar a cabo un operativo de localización de esta magnitud. Por ello resulta decepcionante y sumamente preocupante que el propio Presidente de la República se deslinde de las obligaciones en materia de desaparición forzada del Estado mexicano, al indicar que “el gobierno federal no puede sustituir las responsabilidades que tienen los propios gobiernos estatales”. Sin dejar de reconocer las responsabilidades de las diversas autoridades guerrerenses por permitir la connivencia entre la policía y la delincuencia organizada, es inadmisible que el Primer Mandatario anteponga conflictos políticos a la imperiosa necesidad de que el Gobierno Federal se sume con decisión a la búsqueda de los jóvenes desaparecidos. Ante la desaparición masiva de varias decenas de jóvenes, ningún nivel de gobierno debe deslindarse siendo elemental que los tres niveles se coordinen y participen conjuntamente en la búsqueda. 

Preocupa enormemente que el Presidente de la República se deslinde de sus responsabilidades constitucionales para garantizar la presentación con vida de los jóvenes desaparecidos. El deslinde del Gobierno Federal y su falta de participación en la búsqueda de la desaparición de los normalistas, pone en duda una vez más, el compromiso que el Estado mexicano ha declarado ante diversos mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, y por lo pronto se suma a los 43 jóvenes de Ayotzinapa a las decenas de miles de desaparecidos en el país.

No puede obviarse que los testimonios indican que un número significativo de los estudiantes desaparecidos fueron detenidos por policías municipales de Iguala, agentes estatales que comprometen la responsabilidad internacional del Estado mexicano, por lo cual el Jefe del ejecutivo federal no puede deslindarse; máxime que ninguno de los estudiantes detenidos por los policías ha aparecido. Lo que en otros países supondría una despliegue articulado de todas las corporaciones estatales hasta localizar con vida a los jóvenes, en México hoy merece sólo un indiferente deslinde presidencial.

No debe pasarse por alto que en el Informe emitido tras su más reciente visita a México, el Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzada de Personas recomendó: “Que se garantice la coordinación entre las autoridades responsables de la seguridad pública con el objetivo de prevenir e investigar la desaparición forzada de personas”. Señalando además que ante las desapariciones: “Se deben utilizar todos los medios disponibles para garantizar que las investigaciones y procedimientos judiciales sean expeditos, de acuerdo con los protocolos y manuales que cumplan con los lineamientos establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las diferentes instancias involucradas en los procedimientos de investigación y en los procesos judiciales deben contar con los necesarios recursos humanos y materiales para realizar sus labores adecuadamente, de forma independiente e imparcial.

Derechos Humanos para los hechos en Ayotzinapa

 repudiamos, condenamos y exigimos verdad, justicia y reparación por las graves violaciones de derechos humanos cometidas contra los jóvenes estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa

México, D.F., 1º de octubre de 2014

 

  

• Urge implementar un operativo eficiente que permita presentar con vida a las decenas de estudiantes que permanecen desaparecidos
• Ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas en contra de los normalistas por acción, omisión o aquiescencia del Estado debe de ser investigadas y sancionadas adecuadamente
• Los responsables deben ser llevados a la justicia y que estos crímenes no terminen en la impunidad

El pasado 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, se iniciaron una serie de eventos violentos, en la que perdieron la vida seis personas, entre ellas un menor de edad y tres estudiantes normalistas, 20 personas resultaron heridas, entre ellas un joven normalista que se encuentra con muerte cerebral, y más de 40 personas se encuentran desaparecidas; muestra de la gravedad de la crisis humanitaria que enfrenta el estado de Guerrero y de la descomposición de sus fuerzas policiales.

Como se ha difundido en diversos medios de comunicación y en nuestras Acciones Urgentes[1], el pasado 26 de septiembre en diversos eventos violentos fueron ejecutados extrajudicialmente 3 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. En los primeros hechos del día 26, alrededor de las 21.00 hrs, diversas patrullas de la Policía Municipal, atacaron tres camiones donde se trasladaban 80 estudiantes de la Normal por la carretera Iguala – Chilpancingo después de una jornada de información y colecta económica para obtener recursos para costear los gastos de la Normal. Después de cerrar el paso a los autobuses, patrullas de la policía municipal comenzaron a disparar indiscriminadamente a los autobuses. Diversos estudiantes fueron forzados a descender de los autobuses, siendo sometidos por los Policías municipales. Aldo Gutiérrez Solano, un alumno de primer año de la normal, resultó severamente herido y al día de hoy se encuentra hospitalizado con muerte cerebral.

Después de casi 40 minutos del ataque de las autoridades municipales, éstas se retiraron, llevándose a alrededor de  20 normalistas detenidos.

Horas después los estudiantes, junto con diversas organizaciones sociales, se encontraban en el lugar de los hechos para informar lo sucedido a los medios de comunicación, cuando arribó una camioneta de la que descendieron varias personas vestidos de civil con armas largas y comenzaron a disparar. Dos estudiantes murieron por impacto de armas de fuego, otras cuatro personas resultaron heridas de gravedad, incluyendo a dos profesores.

Al día siguiente, los normalistas ante la Fiscalía de la zona Norte en la ciudad de Iguala, exigieron información sobre los jóvenes detenidos, sin embargo, fueron informados que no había ninguna persona en los separos. Horas después, el Ministerio Público les informó del hallazgo del cadáver de un estudiante con huellas visibles de tortura, quien fue identificado por sus compañeros como Julio César Fuentes Mondragón.

Ante el conjunto de los hechos y hasta el momento, se encuentran en condición de desaparecido 43 estudiantes, de entre 17 a 25 años, incluyendo aquellos que fueron detenidos por la policía municipal y que no fueron puestos a disposición de una autoridad competente. Si bien se han consignado a 22 elementos de la policía municipal por su probable responsabilidad en los homicidios, es apremiante la localización de los estudiantes desaparecidos.

Las organizaciones firmantes condenamos estos actos de barbarie que son pruebas fehacientes de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa y exigimos la inmediata presentación con vida de los estudiantes desaparecidos. Es urgente que las autoridades estatales y federales lleven a cabo acciones coordinadas extraordinarias para localizar a los jóvenes desaparecidos, especialmente ante el reconocimiento de las detenciones por actores estatales. 

Las organizaciones integrantes de la Red TDT exigimos a las autoridades estatales y federales que garanticen de manera inmediata la seguridad e integridad de los 43 estudiantes desaparecidos, se presenten con vida a la brevedad, y se garantice el derecho a la verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de esta masacre y sus familiares, así como la atención integral, médica y psicológica de los estudiantes heridos y de los que interpusieron denuncias.

Los eventos sucedidos en Iguala, Guerrero son tan sólo una prueba del clima de violencia e impunidad que  reina en el país, y de la ineficiencia de una política de seguridad con perspectiva de derechos. Consecuentemente, exigimos castigo a los responsables por acción y omisión por esta masacre en el que la ejecución extrajudicial y la desaparición se utilizan como método de control social contra la población estudiantil, por exigir sus derechos.