‘‘Gozamos dos meses de libertad y
nos la vino a quitar el gobierno federal’’
La reunión es a puerta cerrada
porque el miedo ha vuelto a Yurécuaro. De las autodefensas que hubo sólo quedan
unas barricadas vacías y una casa con las huellas de las ráfagas que dispararon
Los caballeros templarios: ‘‘Gozamos dos meses de libertad y nos la vino a
quitar el gobierno federal’’, concluyen, tras una catarata de testimonios de
abusos –lo mismo de los delincuentes que de las autoridades–, los integrantes
del consejo ciudadano que respaldó a la efímera autodefensa de este municipio
limítrofe con Jalisco.
El apretado resumen va así: el 28
de enero surgió un grupo de autodefensa en este municipio lejano de la Tierra
Caliente (Guadalajara está a una hora y cuarto); en dos semanas, los
templarios, que tuvieron ‘‘bajo el terror’’ la zona durante cinco años, se
fueron; el 22 de marzo fue asesinado el alcalde de Tanhuato –municipio pegadito
a Yurécuaro–, Gustavo Garibay, panista, víctima de un atentado en 2012, y
víctima también del abandono oficial que le quitó la escolta.
El lunes 31 de marzo, el
comisionado federal para Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, resolvió el
crimen en una conferencia de prensa: anunció que los autores materiales fueron
tres integrantes de las autodefensas de Yurécuaro, y Enrique Hernández Salcedo,
fundador del grupo, el autor intelectual. El móvil: que el alcalde Garibay se
habría negado a apoyar a los comunitarios.
Hernández Salcedo había sido
detenido el viernes anterior por agentes de la procuraduría estatal, luego de
que le hicieron creer que participaba en las pesquisas para atrapar a los
asesinos de Garibay.
Durante largos días su familia no
pudo ni verlo. Cuando lo hizo lo encontró destrozado. Enrique había sido
torturado. Los agentes ministeriales, cuentan sus familiares, querían obligarlo
a ‘‘entregar’’ a tres de sus hombres y a firmar un documento donde los
inculpaba. Como se negó, le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico, le
echaron agua y lo golpearon en los oídos con las palmas abiertas.
El 9 de abril, en una entrevista
radiofónica, Lorenzo Corro, funcionario de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos en Michoacán (CEDH), confirmó que personal médico de ese organismo
‘‘constató que las lesiones son coincidentes con los rasgos de tortura que
refiere’’ (la comisión documentó lesiones alrededor del cuello, las vías
respiratorias y el oído interno de Hernández). La tortura ocurrió, agregó el
funcionario, al ser trasladado al penal.
El 14 de abril, la Procuraduría
General de la República (PGR) informó que a los autodefensas de Yurécuaro se
les fincaron cargos de delincuencia organizada en la modalidad de terrorismo.
‘‘A Enrique le pusieron un
cuatro. Traía tres muchachos que eran malandros. Los corrió. Le regalaron unas
armas y luego esas son las que resultaron positivas en el asesinato de
Garibay’’, dice el doctor José Manuel Mireles.
La trampa del Yanqui
Las presiones tras el asesinato
de Garibay fueron fuertes. El PAN subió el volumen de sus críticas.
El comisionado Castillo vino
personalmente a este municipio para pedir a Enrique Hernández Salcedo ayuda
para esclarecer el asesinato de Garibay.
Lo supo de primera mano Jesús,
hermano de Enrique y empleado del ayuntamiento de Tanhuato, porque lo mandaron
llamar al helicóptero del que nunca vio bajar al comisionado. ‘‘Ahí estaba mi
hermano con él, y me pedían datos. Yo les dije que el propio Gustavo (el
alcalde asesinado) había declarado oficialmente cuáles era las personas con
quienes había tenido problemas’’.
Enrique confiaba en el
comisionado y aceptó coordinarse con el funcionario que éste le señaló. El
hombre pidió que le llamaran Yanqui, pero repartió tarjetas con el nombre de
Adolfo Eloy Peralta. Su cargo: subsecretario de seguridad pública del estado.
En la cárcel, el jueves pasado,
Enrique entregó a su hija un testimonio de su puño y letra. Es el resumen de lo
que cuenta, en la reunión con este diario, un grupo donde hay comerciantes,
agricultores exitosos, médicos, maestros, empleados públicos.
Cuenta Hernández que Yanqui y el
comandante Arturo, de la policía ministerial, ‘‘me mostraron una investigación
con fotos y fundamentos’’, en la cual se señalaba como autor intelectual a
Ernesto Sánchez, alias Pons, ‘‘que era regidor del PRI. El comandante Arturo
dijo que tenían pruebas grabadas de los planes y amenazas de muerte’’.
El Pons, según los miembros del
consejo ciudadano, fue señalado por el propio Garibay como la persona que
ordenó atentar en su contra en 2012.
Según Hernández, se puso de
acuerdo con los dos personajes arriba mencionados en que ayudaría a buscar las
armas y la camioneta que había sido utilizada en el crimen.
‘‘Duramos varios días recorriendo
rancherías y preguntando a gente conocida que nos daba pista de la gente de
Jalisco.’’
En el mismo testimonio, Hernández
asegura que al fin hallaron dos armas, que fueron entregadas por una persona de
nombre Enrique Morando, El Makinga, uno de los señalados por Castillo como
autor material.
Una vez en posesión de las armas,
el Yanqui mismo detuvo a Enrique y sus hombres.
Un mapa para el comisionado
La diputada local Selene Vázquez
se reunió en febrero con el comisionado Castillo para plantearle varios casos,
uno de ellos, el de los autodefensas de Aquila que están presos. ‘‘Ni siquiera
sabía dónde estaba el municipio, tuvimos que traerle un mapa’’.
Para tratar el caso de Yurécuaro,
la legisladora se hizo acompañar del alcalde Rigoberto López: le plantearon que
el grupo de Hernández era débil y que el municipio se encuentra lejos de la
zona de influencia de las autodefensas, en la frontera de Jalisco y Michoacán,
es decir, en territorio en disputa entre los templarios y el cártel de Jalisco.
El presidente municipal solicitó
a Castillo que los policías del municipio fueran enviados ‘‘a capacitación’’,
como ocurrió en otras demarcaciones con presencia de las autodefensas, y que la
seguridad de la demarcación quedara en manos de la Policía Federal.
Integrantes del consejo ciudadano
dicen que la petición estaba motivada por el hecho de que el alcalde temía que la
propia policía municipal –infiltrada por la mafia– actuara contra los
comunitarios. Castillo encargó el caso a una de sus colaboradoras, de nombre
Mildred. Pasaron las semanas. ‘‘No se hizo nada’’, dice la diputada.
El Mapache y el valiente
Entre los logros de la efímera
autodefensa de Yurécuaro está haber atrapado a un subjefe templario apodado El
Mapache, quien dio datos no sólo de sus jefes, sino también de la estructura de
apoyo oficial que vinculaba a policías municipales, y fue videograbado.
El Mapache era uno de los
encargados de dar instrucciones a los empresarios y comerciantes que los
mafiosos citaban en el balneario Los Pinos.
‘‘Los puntos (halcones) te iban a
avisar por la mañana y si no ibas venían por ti hombres armados a tu casa’’,
dice un productor que tan sólo el pasado mes de diciembre pagó 40 mil pesos de
‘‘cuota’’. Para él, haber videograbado la confesión de El Mapache fue el hecho
que selló el destino de Enrique.
En una esquina del centro
sobreviven los restos de la efímera autodefensa de Yurécuaro: las huellas de
los balazos en la fachada de la tortillería, unas pequeñas barricadas en las
esquinas y un mensaje dirigido al gobierno: ‘‘Regrésale al pueblo a esos
hombres valientes que lo han defendido’’.
Fuente: La Jornada.
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