Mientras la atención pública se mantiene entretenida con la
guerra de las televisoras y los ‘‘preponderantes’’, el gobierno priísta maquina
un golpe contra el espacio de expresión más libre del país: Internet y las
redes sociales. La iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que
envió Enrique Peña Nieto al Senado atenta contra los derechos humanos y la
privacidad de los usuarios de Internet, dice Luis Fernando García, abogado
especialista en la materia e integrante de la Red en Defensa de los Derechos
Digitales. Uno de los aspectos más preocupantes es el referente a la llamada
‘‘colaboración con la justicia’’. En el artículo 197, fracción 7, se establece
que los concesionarios de servicios de telecomunicaciones deben bloquear o
inhibir la señal en lugares críticos para la seguridad nacional, lo cual abre
la puerta para que se bloqueen las comunicaciones en manifestaciones y marchas,
o concentraciones, impidiendo a las personas que se comuniquen entre sí y
denuncien abusos de autoridad. ‘‘Se trata de una medida desproporcionada y
violatoria de la libertad de expresión y los derechos humanos, y así lo ha
dicho ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos’’, apuntó García. En
cuanto a la privacidad de los usuarios, la ley indica que las empresas deberán
conservar registro de las comunicaciones de todos sus usuarios por dos años o
hasta por tiempo indefinido. Esto incluye llamadas, mensajes, nombres e incluso
datos de geolocalización de los celulares, con lo que ‘‘se revelará mucha
información del contenido de las llamadas, el dónde, a qué hora y para qué de
las comunicaciones’’. La iniciativa plantea además que las policías, la Sedena,
la Marina o el Cisen puedan solicitar esta información sin autorización
judicial. No resistió el gobierno las críticas en las redes sociales, aun
cuando tiene contratados a todo tipo de bots que lo defienden y alaban su
actuación. La idea es tener una Internet parecida a Televisa: que calle lo malo
que sucede en el país.
No embonan ruedas ni cuentas
¿Dónde andarán los amigos superpoderosos de Marcelo Ebrard,
aquellos a quienes ayudó asignándoles cuantiosos contratos, o protegió, como la
inmobiliaria que levanta la Torre del Bicentenario? ¿Irán a salir en su
defensa? Porque la cosas se le están poniendo difíciles. La Secretaría de la
Función Pública dio a conocer que el Gobierno del Distrito Federal debe
regresar a la Federación 489 millones 422 mil pesos de gastos que no pudo
comprobar por la construcción de la línea 12 del Metro, la de las ruedas que no
embonan con las vías. El subsecretario de Responsabilidades Administrativas y
Contrataciones Públicas, Julián Olivas Ugalde, explicó que durante la
administración de Marcelo se destinaron 14 mil 361 millones de pesos de
recursos federales para las obras de la Línea Dorada. Los fondos federales
fueron auditados y como resultado se hicieron observaciones sobre los procesos
de contratación y construcción. ‘‘A pesar de esta revisión exhaustiva que
llevamos a cabo, no se pudo justificar el pago que se realizó con recursos del
Fondo Metropolitano de diversos convenios, reconocimientos de adeudos de obras
inducidas por la cantidad de 489 millones 422 mil pesos que no fueron
formalizados en contratos conforme a las disposiciones jurídicas’’, indicó
Olivas. El subsecretario afirmó que también se reunirán con la Auditoría
Superior de la Federación para revisar la Cuenta Pública del año pasado, en la
que se verificarán recursos por 3 mil 400 millones de pesos. ¡Zas!
Fuente: La Jornada - Enrique Galván Ochoa.
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