A cinco días de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de normalistas, permanecen 43 estudiantes desaparecidos
• Organizaciones urgen a autoridades federales y estatales garantizar que la búsqueda de estudiantes desaparecidos se lleve a cabo con debida diligencia y conforme a los estándares internacionales más avanzados en la materia.
• Expresan preocupación por las declaraciones de Enrique Peña Nieto: El gobierno federal no puede deslindarse ante la gravedad de la situación, se deben de movilizar todos los recursos e instituciones necesarias para lograr la aparición con vida de los estudiantes.
• Temor de nuevas agresiones en la jornada de protestas del 2 de octubre.
Ayotzinapa, Guerrero, 1 de octubre de 2014. A cinco días de que iniciaran las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de los estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa en la cabecera municipal de Iguala, Guerrero, siguen en calidad de desaparecidos 43 normalistas. El Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, ha incumplido con su obligación de realizar la búsqueda exhaustiva de los jóvenes desaparecidos de manera inmediata, con la debida diligencia y conforme a los más altos estándares internacionales en la materia.
Las organizaciones firmantes reconocemos que los operativos de búsqueda en los que participan las madres y padres de familia de los estudiantes, así como la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, son un paso fundamental para dar con el paradero de los desaparecidos. Sin embargo, los operativos de búsqueda se han implementado con graves deficiencias; por ejemplo, el arribo a los puntos no es precedido por una tarea diligente de inteligencia que asegure y delimite las zonas de búsqueda. No existe hasta ahora un esfuerzo por trazar y distribuir las áreas de búsqueda, cruzándolas con la información surgida de las declaraciones de los policías detenidos y con los antecedentes de los modus operandi de la delincuencia organizada en la región.
Durante los operativos de búsqueda, cabe señalar, hasta ahora no se ha contado con el involucramiento de las instituciones federales, quienes tienen los elementos de seguridad, periciales e inteligencia para llevar a cabo un operativo de localización de esta magnitud. Por ello resulta decepcionante y sumamente preocupante que el propio Presidente de la República se deslinde de las obligaciones en materia de desaparición forzada del Estado mexicano, al indicar que “el gobierno federal no puede sustituir las responsabilidades que tienen los propios gobiernos estatales”. Sin dejar de reconocer las responsabilidades de las diversas autoridades guerrerenses por permitir la connivencia entre la policía y la delincuencia organizada, es inadmisible que el Primer Mandatario anteponga conflictos políticos a la imperiosa necesidad de que el Gobierno Federal se sume con decisión a la búsqueda de los jóvenes desaparecidos. Ante la desaparición masiva de varias decenas de jóvenes, ningún nivel de gobierno debe deslindarse siendo elemental que los tres niveles se coordinen y participen conjuntamente en la búsqueda.
Preocupa enormemente que el Presidente de la República se deslinde de sus responsabilidades constitucionales para garantizar la presentación con vida de los jóvenes desaparecidos. El deslinde del Gobierno Federal y su falta de participación en la búsqueda de la desaparición de los normalistas, pone en duda una vez más, el compromiso que el Estado mexicano ha declarado ante diversos mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, y por lo pronto se suma a los 43 jóvenes de Ayotzinapa a las decenas de miles de desaparecidos en el país.
No puede obviarse que los testimonios indican que un número significativo de los estudiantes desaparecidos fueron detenidos por policías municipales de Iguala, agentes estatales que comprometen la responsabilidad internacional del Estado mexicano, por lo cual el Jefe del ejecutivo federal no puede deslindarse; máxime que ninguno de los estudiantes detenidos por los policías ha aparecido. Lo que en otros países supondría una despliegue articulado de todas las corporaciones estatales hasta localizar con vida a los jóvenes, en México hoy merece sólo un indiferente deslinde presidencial.
No debe pasarse por alto que en el Informe emitido tras su más reciente visita a México, el Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzada de Personas recomendó: “Que se garantice la coordinación entre las autoridades responsables de la seguridad pública con el objetivo de prevenir e investigar la desaparición forzada de personas”. Señalando además que ante las desapariciones: “Se deben utilizar todos los medios disponibles para garantizar que las investigaciones y procedimientos judiciales sean expeditos, de acuerdo con los protocolos y manuales que cumplan con los lineamientos establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las diferentes instancias involucradas en los procedimientos de investigación y en los procesos judiciales deben contar con los necesarios recursos humanos y materiales para realizar sus labores adecuadamente, de forma independiente e imparcial.
