viernes, 6 de junio de 2014

Campesinos se unen en defensa de la propiedad social.


Más de una veintena de agrupaciones campesinas del Congreso Agrario Permanente y del Consejo Nacional de Organizaciones Rurales y Pesqueras acordaron actuar contra las inercias generadas por los gobiernos neoliberales, cuyos compromisos están ligados al mercado internacional, y defender legal y pacíficamente la propiedad social, pues genera más de 80 por ciento de los alimentos en el país.
En conferencia de prensa, en la que dieron a conocer su acuerdo de defensa de la agricultura familiar campesina, advirtieron que si en la actual coyuntura de convocatoria presidencial para lareforma profunda del campo se impone el autoritarismo, con dignidad pasaremos a la resistencia y la reivindicación de nuestros derechos políticos y sociales, mediante la movilización.
Sostuvieron que no ocurrirá como con la reforma educativa, cuyas movilizaciones de protesta se llevaron a cabo después de que se aprobó.

Exigen respeto a determinación de las comunidades en Montes Azules.


Más que estar relacionado con el medio ambiente, el conflicto en la zona natural protegida de la biosfera de los Montes Azules es de carácter agrario y de respeto a la determinación de las comunidades lacandonas que viven en dicha zona del estado de Chiapas.

Así lo afirmaron autoridades comunales de esos pueblos, quienes acusaron a las autoridades de negarse a establecer un proceso de diálogo respetuoso para consultarlos sobre la forma en que se van a definir sus límites territoriales, los cuales ellos han delimitado desde hace años mediante el trazo de una brecha.

En conferencia, los lacandones afirmaron que son ellos quienes han hecho un mejor trabajo de conservación de Montes Azules, a diferencia de los gobiernos federal y estatal, que durante años han reprimido y encarcelado a quienes les piden iniciar una mesa de debate sobre estos temas.

Pretenden eximir del pago de utilidades a petroleras: PAN


El PAN en la Cámara de Diputados denunció ayer que la iniciativa de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, del presidente Enrique Peña Nieto, pretende eximir del pago de utilidades a las empresas que obtengan contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, lo que violaría el artículo 123 de la Constitución.
En la comparecencia del subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Miguel Messmacher, ante comisiones de la cámara, el diputado Juan Bueno Torio cuestionó que ello crearía un régimen especial para las petroleras, en contraste con el resto de los patrones que sí están obligados al reparto de utilidades a sus empleados.
Tenemos una preocupación evidente, que manda el presidente de la República en su iniciativa, que corresponde a la participación de los trabajadores en la utilidades (PTU). Hay un apartado en el que se pretende eximir a las empresas que participen en la explotación de la energía en nuestro país del pago de la PTU, que es un derecho constitucional de los trabajadores en México, dijo.
Asimismo, ante las críticas de diputados del PRI y de la oposición, respecto de que la citada iniciativa no define un monto específico que las empresas deberán pagar al Estado por la exploración y extracción de hidrocarburos, Messmacher reconoció que no hay forma de garantizarlo.
La lógica es que sea a través de procesos de licitación. El porcentaje preciso dependerá de cada tipo de campo. Se garantizará que la renta no se la lleven las petroleras, sostuvo.
En la comparecencia ante comisiones de Hacienda y Energía, la preguntas más críticas no surgieron sólo de la oposición, también de los partidos que avalaron la reforma constitucional para la apertura energética.
La diputada Sanjuana Cerda (Panal) recalcó que en la iniciativa del presidente Peña Nieto no queda claro cómo se recuperará la renta petrolera en favor de la nación, cuando las empresas privadas sean beneficiarias de la extracción del petróleo.
El funcionario intentó convencer a los legisladores: No es lo mismo la renta que se puede esperar en un proyecto de lutitas que en aguas someras o profundas. No es posible hablar de un monto exacto y preciso. La lógica es que con los contratos se dé la vuelta a la declinación en la plataforma y observemos incrementos en los ingresos, en un periodo de transición de 10 años.