El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Ángulo, pospuso la publicación de la "Ley de Ordenamiento Social", que regula protestas en zonas históricas o turísticas, así como en avenidas principales, en el Periódico Oficial del Estado para someterla a una revisión jurídica.
La iniciativa fue aprobada hace unos días por las fracciones del PRI y PVEM. Contempla 48 horas como mínimo para que los manifestantes soliciten permiso para una manifestación, prohíbe el uso de injurias y la realización de bloqueos en carreteras y avenidas.
A través de su cuenta Twitter, el mandatario estatal aclaró que la medida se revisará cuidadosamente, pero no se echará para atrás.
A través del noticiero del gobierno estatal, el presidente de la Gran Comisión, José Luis Toledo dijo que la entidad cuenta con 84 mil cuartos de hotel y se tiene que vender un destino seguro. Anticipó que atenderán las observaciones que pueda hacer el Ejecutivo estatal y regularán las marchas sin violar la constitución.
El diputado reconoció que su padre, Marciano Toledo, tomó las calles, pero dijo que esas movilizaciones fueron válidas porque tuvieron buen fin, y agregó que él también participó "lo viví en casa y lo seguiré haciendo, pero no bloqueando arterias ni dañando a terceros".
La iniciativa fue presentada por el diputado por el municipio de Isla Mujeres, Juan Carrilo Soberanis, el pasado jueves y el lunes, en una sesión adelantada, pues regularmente se reúne los martes, el Congreso del Estado aprobó por amplia mayoría, lo que causó una inmediata reacción de organizaciones sociales y líderes de oposición bajo el argumento de que la pretensión es prohibir las manifestaciones.
Carrillo Soberanis dijo que Quintana Roo es un Estado eminentemente turístico, y por tanto se debe cuidar la imagen, dar un uso correcto a los espacios públicos y garantizar que los trabajadores lleguen todos los días a sus centros laborales.
