El secuestro del Zócalo
capitalino por policías uniformados, la infiltración de marchas
pacíficas por provocadores violentos, la difamación de los maestros
disidentes por medios mercenarios, la negativa a consultar a la
ciudadanía sobre la reforma energética y la negativa a relegir Luis
González Placencia como titular de la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal (CDHDF) configuran un escenario de pleno retroceso
democrático. Solamente un sistema autoritario expulsa manifestantes
pacíficos de su principal plaza pública, cancela la expresión pública de
sus jóvenes, denigra a sus maestros, presta oídos sordos a la opinión
pública y despide a quienes defienden las causas ciudadanas.
Paradójica forma de cerrar el ciclo de la llamada
apertura democráticainiciado con la reforma electoral de 1977 y la Ley de Amnistía de 1978. En aquel momento el sistema político reaccionó de manera inteligente a la estrepitosa caída de la legitimidad gubernamental reincorporando a los disidentes a la vida pública y generando nuevos espacios para la participación política. En 1976 José López Portillo fue el único candidato presidencial con registro oficial, lo que evidenció claramente la esencia defraudadora del sistema electoral mexicano. Asimismo, la sangrienta represión gubernamental contra movimientos estudiantiles, campesinos y sindicales, y desde luego los dolorosos acontecimientos del 2 de octubre y el 10 de junio, junto a la valiente lucha de líderes de la estatura de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez en Guerrero, habían ido convenciendo a muchos de que las vías institucionales para transformar el país estaban canceladas.
