Para disolver protestas sociales la policía capitalina –con autorización oficial– puede usar armas de fuego, “disuadir” una concentración con sustancias químicas irritantes e ingresar con violencia entre los manifestantes para “separar” a quienes considere en “estado de agresividad”, descripción ambigua que deja a la discrecionalidad de los mandos policiales la decisión de arremeter a golpes contra la multitud.
Panorámica de la mina Peñasquito, en el municipio de Mazapil,
Zacatecas, donde la empresa canadiense Golden Corp., prevé extraer 13
millones de onzas de oro en 19 años.
México se ha convertido en paraíso fiscal para las
empresas mineras de Canadá –que dominan la extracción de oro y plata en
el país–, porque éstas sólo aportan al fisco el pago de derechos sobre
concesiones, como se establece en el artículo 27 de la ley en la
materia.
En el primer año de operación esos consorcios pagan 5.70 pesos por el
uso de una hectárea; en el tercer y cuarto años de vigencia de la
concesión, ocho pesos 52 centavos. El décimo año se aplica la cuota más
elevada por usos de hectárea de 124 pesos 74 centavos.Un análisis de la industria minera, elaborado por la Comisión Nacional para la Atención de los Pueblos Indígenas, de la Secretaría de Gobernación, advierte que los canadienses han encontrado, literalmente, una mina de oro en México, por el exceso de apertura fiscal que tiene como único propósito atraer inversiones a costa del deterioro ambiental y social.
Esta situación la presenta el Frasier Institute, de Canadá, en el estudio Survey of mining companies 2011-2012, en el cual señala que de la década de los 90 del siglo pasado a la fecha se han entregado en concesión 96 millones de hectáreas para la explotación minera, y de ese total 60 por ciento lo ocupan empresas de aquel país.