El caso de los 43 no está superado, dice la CNDH

La desaparición de 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, ‘‘no es un caso superado y no puede hablarse de que se cierre el expediente. Sigue abierto: falta buscar la verdad, ver qué dicen los jueces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los resultados periciales solicitados al extranjero y conocer el destino de los estudiantes. No debe estar cerrado, no puede hablarse de una conclusión’’, acotó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

El ombudsman presentó ayer su informe a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, y ahí afirmó que no hay manera de recuperar la normalidad que el país tenía antes de los casos Tlatlaya y Ayotzinapa, porque ésta ‘‘era anómala, estaba asentada en buena medida en la simulación, la ausencia de información pertinente, la desidia, la indolencia y la falta de responsabilidad pública de quienes propiciaron ese estado de cosas’’.

González Pérez definió que la agresión a los normalistas ‘‘es grave por su propia naturaleza, así como por su relevancia y proyección, pues hasta que no se acredite lo contrario estamos en presencia de desapariciones forzadas, entre otras violaciones a derechos humanos’’.

Un día después de que la Procuraduría General de la República (PGR) sostuvo que hay evidencias suficientes para cerrar el caso, el presidente de la CNDH señaló que ‘‘las autoridades no podrán dar por concluido este expediente hasta que todos los responsables sean juzgados y se aclare el destino de los estudiantes desaparecidos’’.

Además, dijo, se debe buscar la verdad de estos hechos a fin de que los responsables sean señalados, puestos ante la justicia y sancionados conforme a derecho.

Para el ombudsman, lo ocurrido en Iguala constituye el ejemplo más significativo de lo que está mal en la sociedad mexicana, sobre todo de la infiltración del crimen organizado en algunas estructuras del Estado, de la displicencia y omisiones.

‘‘Hay que desmontar ese entramado perverso de complicidades y colusiones cuyo trasfondo no es otro que la corrupción’’, convocó.

González Pérez defendió las movilizaciones de respaldo a las víctimas y sus familiares, porque ‘‘son una expresión de hartazgo ante la impunidad, de indignación por la complicidad entre autoridades y delincuentes, y de inconformidad ante los abusos de poder y falta de respuesta de las autoridades a las demandas por un país más justo e incluyente’’.

Expuso que la CNDH defiende el derecho a la libertad de expresión y a la protesta social, aunque definió que éstos no son absolutos y pidió que las manifestaciones se mantengan dentro de los límites de la legalidad, lo que las reviste de mayor legitimidad.

Fuente y nota completa: La Jornada.