jueves, 19 de septiembre de 2013

SI podemos parar la “reforma educativa” peñista.



Mauricio Macossay Vallado.


18 septiembre 2013.


Es una de las importantes reformas elitistas antipopulares, parte de un paquete de reformas: como la laboral, la de telecomunicaciones, fiscal y hacendaria, financiera y energética, que las corporaciones están imponiendo a través del organismo cúpula empresarial “Mexicanos Primero”, Televisa, TvAzteca, los partidos (PRI, PAN, PRD (más de la mitad), PVEM y PANAL) y el gobierno peñista, con el apoyo y complicidad de casi todos los organismos empresariales y sus personeros, las jerarquías de las iglesias importantes, especialmente los obispos católicos, y los sindicatos oficiales, como el SNTE.

Es una reforma diseñada por los intereses corporativos transnacionales, fielmente representados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -organismo cúpula de los gobiernos de los 34 países más “desarrollados”, que controlan el 70% del mercado mundial-

Es una reforma que cambia los artículos 3º y 73º de la constitución y 3 leyes secundarias: la ley general de educación, la ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) y la Ley General del Servicio Profesional Docente (la más dañina es ésta última).

Está siendo impuesta por los partidos y el gobierno peñista, con toda prisa, ignorando y criminalizando a las y los maestros, a sus organizaciones auténticas como la CNTE y a educadores y activistas sociales de izquierda, que la denuncian. La campaña mediática para imponerla y descalificar a quienes se oponen, es la más fuerte que haya existido hasta ahora en el país; lo que indica la poderosa coalición de intereses que quieren imponerla. Mienten, tergiversan y manipulan abiertamente, para justificar sus verdaderas intenciones. Apuestan al conservadurismo y a la fragmentación social dominante, que tanto les ha servido.

En el fondo lo que se busca es:

- Ir reduciendo a la educación pública como derecho social y obligación del Estado y el gobierno, incrementando la privatización y mercantilización de ésta; imponiendo los fines mercantiles, de negocio y lucro, de unos cuantos. Reduciendo el gasto estatal educativo real, para que se incrementen todavía más los subsidios al gran capital, y para que las familias paguen cada vez más.

- Ir cambiando a la educación pública como fuente de formación personal y social para la vida y el trabajo, para reducirla al adiestramiento para las necesidades de las corporaciones y las empresas privadas.

- Anular los principales derechos colectivos e individuales, profesionales, sindicales y laborales, de las maestras y los maestros, así como de los trabajadores administrativos, técnicos y manuales, de todos los niveles educativos: preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, superior y posgrado. Sometiéndolos a evaluaciones punitivas, manteniéndolos en la precariedad y la incertidumbre permanente, paralizándolos para que actúen como rehenes de sistemas de control férreo, negándoles posibilidades de iniciativa y propuesta social y pedagógica distintas.

Ahorita afecta directamente a los trabajadores de la educación desde preescolar hasta el bachillerato; luego irán contra los trabajadores de la educación superior y posgrado.

Es una “reforma” que afecta negativamente a todas y todos los mexicanos, no sólo a las y los trabajadores de la educación. La oposición social creciente lo indica claramente.

El descontento y la protesta social en contra de esta reforma ha crecido y se ha desbordado, incluyendo a los grupos magisteriales organizados, agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación -CNTE- en Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guerrero y Estado de México principalmente, (con significativos apoyos sociales de padres y madres de familia); ha incluido también a casi todos los trabajadores de la educación básica en casi todo el país, así como organizaciones sociales y sindicatos de la educación superior, la investigación y la cultura.

Las protestas, manifestaciones, plantones, paros en decenas de miles de escuelas, marchas, volanteos, brigadeos, apertura de casetas en carreteras y puentes de cuota, y otras e imaginativas formas, se han multiplicado por casi todo el país.

Estamos ante una clara y fuerte confrontación social y política en varios planos a la vez: de clase, étnica y cultural, ante la radicalidad de la “reforma” y la importante oposición a ésta.

Los organismos empresariales, el gobierno peñista, las televisoras y los partidos han cerrado filas y amenazan con aumentar las intimidaciones, desalojos y represiones, sorprendidos y rebasados ante la magnitud y la profundidad de la protesta.

El nuevo componente social que podría inclinar la balanza en favor de las y los trabajadores de la educación, son ahora los jóvenes estudiantes de las principales universidades y escuelas de educación superior nacionales, que se están sumando a los paros y protestas.
La mejor garantía contra la violencia represiva del gobierno y de las corporaciones está en la masividad de la protesta social. Si continúa creciendo hará virtualmente imposible o muy cara en términos político-sociales, más violencia policiaca, militar y de halcones. Es posible echar para atrás esta y otras reformas. Sí podemos.

Mauricio Macossay Vallado.

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